El “blindaje” de la Fiscalía
Punto de Vista/Por Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
El informe sobre la revisión a la Cuenta Pública 2021, emitido por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) señala, en el caso específico del ayuntamiento de Santiago Tuxtla: “derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria, y comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir la comisión de faltas administrativas y/o la presunta existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal”. *** Se refiere al ejercicio fiscal 2021, el último año de la gestión de Argéniz Vázquez Copete, esposo de la actual alcaldesa, Kristel Hernández, a través de quien pretende evadir su responsabilidad penal por el desvío millonario de recursos. *** El informe del Orfis menciona que tan sólo en los recursos manejados el último año de su gestión, Argéniz Vázquez presentó irregularidades administrativas y técnicas que permiten presumir un daño patrimonial cercano a los 31 millones 500 mil pesos. *** En el caso de Santiago Tuxtla, además del evidente desvío de recursos, se encuadran otros delitos que involucran no sólo al anterior alcalde y a su esposa, sino a los tesoreros, contralores y responsables de la obra pública. *** Hay evidencias de conflicto de intereses y la probable concertación para cometer los ilícitos. *** Este caso en lo particular está siendo revisado por los órganos de control y fiscalizadores, de manera que muy pronto se estarán abriendo carpetas de investigación en la Fiscalía Anticorrupción.
Jonathan Swift, político y escritor irlandés, sentenció:
“El poder arbitrario constituye una tentación natural para un príncipe, como el vino o las mujeres para un hombre joven, o el soborno para un juez, o la avaricia para el viejo, o la vanidad para la mujer”.
La titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz (CEDH), Namiko Matsumoto, dio este miércoles un avance del escenario que habrán de enfrentar el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y quien encabeza la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández, cuando tengan que acudir al Senado de la Republica.
Namiko Matzumoto explicó que el año pasado se emitieron recomendaciones dirigidas a la FGE y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por casos comprobados de tortura.
Hasta el 2022, dijo la titular de la CEDH, la Fiscalía había aceptado las recomendaciones, pero este año ya ha rechazado cinco.
Ha sido la misma actitud con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Hay algunas que en su momento fueron admitidas por el gobierno estatal y la Fiscalía, pero que en los hechos no han sido cumplidas, y a partir del presente año, parece que la instrucción fue clara: no se admite ninguna recomendación que ponga en entredicho la capacidad de la Fiscalía o el prestigio del gobierno estatal.
Evidencia de esta actitud, es que cada que la Fiscalía pierde un caso, en cualquiera de las instancias, de inmediato el propio gobernador atribuye la decisión a “jueces corruptos”, nunca fiscales.
De todos es conocido el control que tiene el gobierno estatal sobre el Poder Judicial del Estado (PJE), por lo que las resoluciones que le interesan al Poder Ejecutivo son turnadas a jueces “de consigna” que no sólo acatan las peticiones del fiscal a cargo, sino que -en la medida de sus posibilidades- le corrigen los errores en las audiencias.
Pero los imputados, sabedores de que el expediente que les armaron no se sostiene en pruebas sólidas, recurren a la justicia federal, donde el gobierno estatal no tiene la misma influencia.
Bien lo dijo el filósofo griego, Platón: “Allí donde el mando es codiciado y disputado no puede haber buen gobierno ni reinará la concordia”.
Epílogo.
Y hay, en la administración estatal, servidores públicos que piensan que todavía les funcionará echarles la culpa a los gobiernos anteriores, de su propia incapacidad. *** Ese es el caso del secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, quien pretende distraer la atención de los veracruzanos hablando de las obras que se iniciaron en el sexenio de Javier Duarte y que quedaron inconclusas. *** Lo que la sociedad quiere saber es qué está haciendo este gobierno, con los recursos destinados a la obra pública, pues ya van en el último tercio de la administración y siguen son verse las acciones de un gobierno que prometió ser “distinto a los de antes”. *** La auditora general del Orfis, Delia González Cobos, dijo que su equipo está listo para iniciar las auditorías del ejercicio fiscal 2022 y advirtió que no se permitirá ningún caso de corrupción. *** El 30 de abril vence el plazo para que los 313 entes estatales y municipales fiscalizables entreguen al Congreso del Estado la Cuenta Pública 2022, que será el cuarto ejercicio fiscal del Gobierno del Estado y el primero de las actuales administraciones municipales.
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